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Preguntas frecuentes

De acuerdo con la Ley 2/1983, de alta montaña, las áreas de montaña catalanas se caracterizan por tener una altitud, una pendiente y un clima que limitan las actividades económicas, en especial las agrarias; disponer de recursos que son escasos en el conjunto del territorio catalán, como agua, nieve, pastos, bosques o espacios naturales y tener una baja densidad de población en relación con el valor promedio de Cataluña.
Los territorios de montaña se agrupan en comarcas de montaña y en zonas de montaña y, en conjunto, representan el 46% del país.
Son comarcas de montaña la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès y Aran.
Por otro lado, hay 137 municipios, de 21 comarcas diferentes, que han sido delimitados y declarados zona de montaña. De estos municipios, 124 están agrupados en cinco zonas de montaña plurimunicipales: Altiplans centrals, Montseny-Guilleries-Lluçanès, Prades-Montsant, Ports de Beseit y Montsec.

Las actuaciones de la política de montaña tienen su fundamento en la Ley 2/1982, de alta montaña, y los posteriores decretos de despliegue. Desde su entrada en vigor, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha desarrollado una política activa en estos territorios con el fin de potenciar el aprovechamiento sostenible del suyos recursos endógenos, corregir o paliar sus déficits, conseguir un desarrollo armónico del territorio y poner en valor las funciones que los territorios de montaña cumplen en beneficio de la sociedad.

El principal instrumento de aplicación de la política de montaña son los planes comarcales de montaña. Estos planes son documentos de programación de inversiones dirigidos en las comarcas de montaña. El contenido mínimo del plan comarcal de montaña se establece en la Ley 2/1983 y contempla, entre otros aspectos, una diagnosis de la situación socioeconómica de la comarca, unas directrices para su desarrollo, los programas de actuación y el correspondiente marco financiero.
Durante su elaboración ha habido un importante proceso de participación de la población, ya sea directamente mediante la encuesta pública previa a la redacción del plan o con la presentación de alegaciones en el periodo de información pública del proyecto de plan, o bien mediante los representantes en los consejos comarcales o en el Conselh Generau de Arán, que intervienen en diversas fases de aprobación del documento.
Los primeros planes comarcales de montaña entraron en vigor el año 1990 y la vigencia de la última generación de planes finalizó el año 2012.

Tal como establece la Ley de alta montaña, se consideran inversiones directas del plan comarcal aquellas actuaciones que son responsabilidad directa de los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya. Las inversiones complementarias son las programadas por el órgano de la Generalitat encargado de la política de montaña que, en estos momentos, tiene atribuidas el Departamento de Territorio y Sostenibilidad mediante su Dirección General de Políticas de Montaña.
Entre las inversiones complementarias hay que señalar las ayudas específicas de montaña destinadas a las actuaciones de dinamización territorial, de mejora de caminos o de limpieza de las vías de titularidad municipal afectadas por la nieve. Los beneficiarios de estas ayudas son los consejos comarcal y otros entes locales de las comarcas y zonas de montaña.

Fecha de actualización:  22.11.2016